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El Salvador.com
25/04/2007
El presidente de la comisión de Legislación, al arenero Guillermo Ávila Qüehl (izq.), y el pecenista Antonio Almendáriz fueron de los más activos en la discusión sobre las nuevas penas para quienes promuevan el satanismo en el país.Los diputados de la comisión de Legislación acordaron ayer una reforma al artículo 296 del Código Penal para endurecer las penas a quienes atenten contra libertad de culto, en clara alusión al denominado ministerio "Creciendo en Gracia", quienes, según el PDC, se tatúan el número que la Biblia considera satánico, el 666.
La moción, introducida la semana pasada por los verdes, se discutió ayer mismo y todas las bancadas estuvieron de acuerdo en darle sus votos, aunque quedaron en reunirse antes de la sesión plenaria de esta semana para estampar sus firmas en el dictamen.
El proyecto de decreto, el cual aportó el pecenista Antonio Almendáriz, reza así: "El que de cualquier manera impidiere, interrumpiere o perturbare el libre ejercicio de una religión u ofendiere públicamente los sentimientos o creencias de la misma, escarneciendo de hecho alguno de los dogmas de cualquier religión que tenga prosélitos en la república o que destruyere o causare daño en objetos destinados a un culto será sancionado con prisión de seis meses a dos años". Actualmente, el decreto impone una multa económica por el mismo delito.
La preocupación de los diputados sobre "Creciendo en Gracia", una secta promovida por el puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, quien se autodenomina el anticristo y cuyos seguidores en el país han quemado biblias e imágenes católicas de santos, comenzó con un dictamen recomendable a Gobernación para que expulsara a cualquier extranjero que promoviera a esta secta.
El Gobierno tomó la palabra a los diputados y prohibió la entrada a Miranda. Ahora, se ha acordado elevar la pena a quien atente contra la fe cristiana e incluso el PCN propuso más agravantes, como realizar lo anterior "con publicidad", lo que sería penado con uno a tres años de cárcel, según el proyecto de decreto.
Si la conducta es reiterada se sancionará con prisión de tres a cinco años; y si la conducta se realiza de forma reiterada y además con publicidad será sancionada con cárcel de cuatro a ocho años.
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