Informe sobre Sectas : Reflexiones sobre el fenómeno de las sectas hoy

 

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Nueva Ley de Cultos

Enlace permanente 25 de Julio, 2006, 9:39

Hilario Wynarczyk, BUENOS AIRES, Argentina, Julio 24, 2006
Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación

En la Argentina todavía hoy las relaciones del Estado con las iglesias siguen reguladas por una ley de 1978, sancionada por la última dictadura militar. Una ley discriminatoria hacia las minorías religiosas cuyo fundamento sin embargo se encuentra en un lugar más profundo.

La propia Constitución argentina consagra una posición de privilegio para  la Iglesia Católica, muy comprensible en el siglo XIX, pero cada vez más descompasada respecto de los procesos de la sociedad nacional. Si en cierto momento hubo un diálogo ecuménico significativo, que buscaba formas de unidad de los cristianos, hoy también hay en la Argentina un diálogo interreligioso significativo, que abarca integrantes de credos no cristianos.

Desde los comienzos de la democracia a principios de los 80, varios intentos fueron hechos para crear una nueva norma jurídica, con activa participación de juristas católicos.

Todos naufragaron y es difícil aclarar por qué. Pero una hipótesis suena muy plausible. El fracaso fue el resultado siempre del encuentro entre dos tipos de radicales. Los radicales del catolicismo preocupados por el “avance de las sectas” y los radicales del campo evangélico preocupados por ser absolutamente iguales que el campo católico frente a las leyes de la nación.

En cualquier variante, la continuación de las asimetrías es obviamente antiecuménica, y los que bloquean la ley contribuyen a este resultado enemigo de la solidaridad y la cooperación.

Actualmente los responsables de la Secretaría de Culto tratan de terminar la producción de un nuevo proyecto de ley. A su vez el CALIR, Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, una asociación civil de expertos que terminó en el 2001 un proyecto de ley, analiza este proceso. Últimamente los dos  máximos directivos de la Secretaría de Culto concurrieron a un almuerzo del CALIR e invitaron a los integrantes de esta entidad a comenzar un diálogo en forma personal.

En cualquier variante, la ley será una herramienta que deberá trabajar a favor de algunos principios. Cabe pensar entonces por un momento en cuáles serían los principios dignos de salvaguardar, desde una perspectiva pluralista, democrática y protestante.

Esta perspectiva debe tomar muy en cuenta un hecho. La homogeneidad católica de la nación en la Argentina es un hecho que nadie defiende, salvo algunos radicales de los ya mencionados. Es claro que el futuro de la nación estará plasmado en el plano religioso, por la coexistencia de una cantidad importante de católicos comprometidos con su iglesia, evangélicos comprometidos con las suyas, personas fieles a otras creencias, y una enorme cantidad de hombres y mujeres sin contactos institucionalizados con  lo religioso.

Difícil es conocer quiénes de estos últimos serán agnósticos.  Para ese mundo es necesario legislar.

De la experiencia en el campo religioso surgen algunas ideas clave que podríamos considerar principios bastante válidos para una gran parte de los interesados. Es necesario derogar la ley actual y crear otra que le brinde a las organizaciones religiosas minoritarias una personería jurídica religiosa específica, para que dejen de funcionar como si fuesen meras asociaciones civiles.

Es necesario que estas agrupaciones gocen del derecho a las exenciones impositivas, la posibilidad de tener capellanías en los servicios hospitalarios, cárceles, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Actualmente los evangélicos tienen una notoria presencia en las capellanías de las cárceles  pero esta práctica necesita un soporte jurídico adecuado a nivel nacional.

También es importante que las organizaciones que posean la nueva personería jurídica, sean beneficiadas por el derecho establecer relaciones de cooperación con el estado,  a través de sus agencias específicas, en cualquiera de sus niveles, municipal, provincial o nacional.

Y sin embargo, es necesario también que las comunidades religiosas no queden obligadas a registrarse, como es la práctica habitual a partir de la ley de la dictadura.

Estos principios son los que se encuentran latentes en el campo religioso argentino y los que podrían constituir una plataforma filosófica y de valores básica para establecer una nueva ley.

Sin embargo un problema eminentemente técnico jurídico puede surgir con una nueva ley, en la medida en que la reglamentación de la misma quede demasiado por fuera de las manos de los gestores de la misma, y tenga la capacidad de desvirtuar el espíritu que la organiza.

En el caso más optimista de que una nueva ley sea sancionada a comienzos del año 2007 (año marcado por la votación de un nuevo presidente), la misma entrará en vigencia casi un año después, en el 2008.

Para ese entonces la reglamentación de la misma constituiría otra instancia de producción jurídica. Este aspecto también debe ser muy tenido en cuenta y es imprescindible que la nueva norma deje la menor cantidad de hilos sueltos que permitan manejos arbitrarios posteriores.

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